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Argentina: 20 años después, ¿realmente han cambiado los métodos del FMI?

This is a Spanish version of the article: Argentina: 20 years on, has the IMF really changed its ways? It has been initially published at FARN website.

En julio, los argentinos experimentaron un déjà vu con los anuncios del gobierno de despidos masivos y congelamiento de salarios como parte de las medidas de ajuste ligadas a un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Miles de funcionarios públicos se ven obligados una vez más a asumir duras medidas de austeridad. De acuerdo con el programa del FMI se introducirán medidas selectivas de asistencia social para compensar la situación.

La crisis financiera que azota el país y el retorno al Fondo traen malos recuerdos a muchos argentinos que no olvidan el año 2001, en que las políticas inducidas por el FMI provocaron la mayor crisis económica de la historia de Argentina. Entonces, la combinación de medidas de austeridad contribuyó a la contracción de la actividad económica y a una pérdida del 20 % del PIB entre 1998 y 2002, lo que puso en tela de juicio la capacidad del gobierno de proporcionar servicios esenciales. El desempleo se disparó por encima del 20 % mientras que los salarios reales descendieron un 18% y más de la mitad de los argentinos se vio inmerso en la pobreza. Los más afectados fueron los niños: 7 de cada 10 se encontraban por debajo del umbral de pobreza.

Para acallar el descontento popular, el gobierno y los responsables del FMI han insistido en que el Fondo ha cambiado su forma de actuar. Sin embargo, si comparamos con el acuerdo anterior, el actual parece más de lo mismo y se vuelve a concentrar en la austeridad desde un enfoque tradicional con un par de retoques cosméticos.

Situación financiera actual

Las perspectivas económicas de Argentina en el  marco de los cambios  de las condiciones financieras mundiales son pesimistas. El endurecimiento de las políticas monetarias de economías avanzadas, unido al escaso interés de los inversores extranjeros en los activos argentinos ejercen una presión negativa sobre el peso. El Banco Central de Argentina trató de estabilizar el peso con una fuerte subida de los tipos de interés hasta un 40% e invirtiendo enormes cantidades de reservas extranjeras (hasta7.700 millones) en escasos meses. Además, para aumentar las reservas, el gobierno está negociando una ampliación del swap de divisas con China. A pesar de ello, la inflación sigue subiendo y el peso continua depreciándose.

Crisis de deuda argentina

Los cimientos del endeudamiento actual se fraguaron durante las secuelas de la crisis de 2001. La mayoría de los acreedores del país accedieron entonces a condonar su deuda y en pos de recuperar la solvencia del país. Sin embargo, un grupo de fondos buitre retuvo su deuda argentina. Finalmente, un tribunal estadounidense falló a favor de los fondos buitre, lo que obligó al gobierno argentino a devolver el dinero. Dada la ausencia de un mecanismo global para la resolución de la deuda soberana, los fondos lograron obtener beneficios astronómicos.

El gobierno argentino recaudó el dinero que necesitaba a base de la emisión de nueva deuda y un nuevo estallido de préstamos. Los acreedores privados contribuyeron a esta situación, invirtiendo generosamente en bonos de alto riesgo. A pesar de que la deuda pública y la deuda externa argentinas se habían mantenido en un nivel bajo y estable durante casi una década, a partir de 2015 aumentaron rápidamente conforme se incrementaron los costos del servicio de la deuda. Este endeudamiento es la causa subyacente del rescate de 50.000 millones de USD del FMI.

Nuevo rescate del FMI para prestamistas irresponsables

La explosión de préstamos culminó en 2017 con la emisión del bono del siglo. De acuerdo con el Financial Times: «¿Quién en su sano juicio prestaría dinero a 100 años a un moroso en serie?». Sin embargo, las condiciones eran muy atractivas, con un rendimiento elevado de un 7,125% anual y una oferta inicial con un enorme descuento de 90 céntimos el dólar. Argentina encontró suficientes inversores ávidos de adquirir los bonos que, quizás, también especularon con la posibilidad de que alguien los rescatara cuando Argentina no pudiera pagar. Y no se equivocaron: eso fue exactamente lo que hizo el FMI apenas un año después con su préstamo de 50.000 millones de USD.

El FMI ha cambiado su forma de actuar. ¿Verdadero o falso?

El acuerdo stand by a tres años por 50.000 millones de USD (el mayor de la historia) es un préstamo considerable comparado con su deuda acumulada de 221.000 millones en 2016, que se destinará principalmente al servicio de la deuda y al reabastecimiento de las reservas internacionales. Normalmente, los acuerdos stand by se utilizan para ayudar a países con problemas de balanza de pagos a corto plazo. El FMI argumenta que se ha simplificado la condicionalidad de este instrumento cuando en realidad el número de condiciones ha aumentado si se compara con el programa de préstamos del año 2000.

¿Quién soporta la carga de este nuevo ajuste?

El FMI propone unas prescripciones políticas similares a las de hace 20 años, basadas en medidas de austeridad. La principal diferencia entre el acuerdo stand by del año 2000 y el de 2018 es que el primero promovía la austeridad mediante un aumento de impuestos y recortes de gastos, mientras que el segundo únicamente se concentra en recortar gastos. Esto no supone en ningún caso un cambio de curso del FMI dado que los dos tipos de austeridad se siguen introduciendo a través de programas en otros países[1].

Los recortes de gastos propuestos se asemejan mucho al acuerdo del 2000. En 2018 el programa promueve los siguientes recortes:

  • Recortes presupuestarios a nivel federal y provincial
  • Reducción de la carga salarial reduciendo la contratación y mediante despidos
  • Reforma de pensiones
  • Eliminación de los subsidios para productos como el gas o la electricidad
  • Recortes de obras públicas
  • Reducción de transferencias a empresas públicas

Resulta alarmante que los analistas locales estimen que los recortes presupuestarios a nivel provincial se traducirán en recortes suplementarios de la educación, la sanidad y los servicios públicos (transporte, energía y agua).

Para empeorar las cosas, el FMI no requirió a los acreedores privados una restructuración anticipada de la deuda actual como condición para desembolsar el préstamo. En efecto, el FMI garantiza el pago a  los acreedores privados en su totalidad, al menos por el momento, ya que la porción del presupuesto destinada al costo del servicio de la deuda permanece protegida por el FMI. Esto implica que los ciudadanos argentinos cargarán íntegramente con la carga que suponen las medidas de ajuste y se enfrentarán a pérdidas de empleo, de las pensiones y jubilaciones, aumentos de las tarifas y el empeoramiento de los servicios públicos.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina ha expresado su preocupación en torno al impacto en la ciudadanía de las medidas de ajuste: «El FMI pide que el déficit primario se reduzca en un 3,1% del PIB. De acuerdo con nuestros cálculos, esto equivaldría al importe de los subsidios de combustibles fósiles concedido a grandes empresas petroleras y gasíferas. Sin embargo, el gobierno ha aplicado medidas de austeridad que suponen una carga para los ciudadanos, buscando aislar del impacto a las empresas».

 

¿Allanando el camino para el sector privado?

Argentina promueve cada vez más la privatización, sobre todo desde la sanción de la ley sobre Asociaciones Público Privadas (APP), lo que resultó en 2016 en un aumento de las APP en obras de infraestructura. Entretanto, el país ha desarrollado una gran cantidad de proyectos APP, incluyendo en el sector sanitario y educativo (por ejemplo, con la construcción de seis hospitales). Además, Argentina busca desarrollar proyectos de infraestructura a partir de la creación de una nueva clase de activo , siendo ésta una parte fundamental de su agenda en la presidencia del G20.

Los recortes de obra pública se producen en paralelo a un aumento de las APP para proyectos de infraestructura. En el contexto actual de limitaciones presupuestarias, el gobierno podría recurrir a las APP dado que, con dicho modelo, es posible que los proyectos de infraestructura no figuren en la balanza de pagos, lo que permite ocultar el costo real de los mismos. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Argentina, entre ellas FARN, han hecho públicas sus preocupaciones por las APP.  De acuerdo con la FARN: «Nos preocupa que la presión que supone el recorte del gasto público contribuya a una mayor predisposición por parte del gobierno hacia las inversiones privadas y el nuevo régimen de APP».

Social pero sólo en apariencia

A pesar de que su perspectiva fiscal es limitada, el propio programa del FMI reconoce que la austeridad acarreará consecuencias a nivel social. Para proteger a los más vulnerables de los impactos de los ajustes se han introducido una serie de programas sociales específicos. Sin embargo, en la práctica, estos programas han fracasado en muchos casos a la hora de llegar a los más necesitados.

Lo que es más, las OSC y los sindicatos argentinos han afirmado que las salvaguardas del programa del FMI son “una burla” para los que pueden perder su empleo, salario y pensiones. Calculan que el nivel de gasto social del programa para los próximos seis meses de 2018 ascenderá a 6 USD por persona para los 13 millones de pobres de Argentina. Dada la situación actual de subidas generalizadas de los precios de los alimentos unida al hecho de que cada vez hay más personas con dificultades económicas es poco probable que estas salvaguardas sirvan para paliar las consecuencias de la austeridad.

¿Cómo abordar la situación de Argentina?

Durante años, las prescripciones macroeconómicas del FMI ligadas a sus préstamos han sido las mismas, a grandes rasgos: la poción mágica para las crisis económicas es la austeridad basada en la promesa de que se recuperará la confianza de los mercados. De continuar así, se seguirá perdiendo actividad económica y los gobiernos cada vez tendrán menos capacidad para proporcionar servicios esenciales. Por otro lado, el programa actual del FMI no aborda la verdadera cuestión de fondo: la necesidad ingente de reestructurar la deuda argentina de forma transparente y sostenible.

Por tanto, debería darse prioridad al establecimiento de un mecanismo internacional para la resolución de la deuda y liberar a los países de la trampa que supone este círculo perpetuo de programas de austeridad. Asimismo, el FMI debería limitarse a su mandato y ayudar a los países con problemas de balanza de pagos a corto plazo, algo que no requiere reformas estructurales a largo plazo y que permite dejar las decisiones fiscales y económicas en manos de los políticos elegidos democráticamente.

De no cambiar las cosas, se seguirá prescribiendo eternamente el mismo remedio para el mismo problema.

[1] Basado en el análisis de la base de datos del FMI. https://www.imf.org/external/np/pdr/mona/index.aspx