C20 Argentina: El plan del G20 para convertir la infraestructura en una ‘clase de activo’ debe ser archivado y reemplazado por un plan para aumentar y mejorar la inversión pública en infraestructura

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Un informe de Eurodad concluye que el plan del G20 de desarrollar una ‘clase de activo a partir de la infraestructura’ para alentar la inversión privada en los países en desarrollo es un gran error y debe ser archivado.

  • La Hoja de Ruta para convertir las inversiones en infraestructura de los países en desarrollo en productos financieros es un callejón sin salida que solo afectará al contribuyente, dice un nuevo informe.
  • El informe concluye que, en la inmensa mayoría de los casos, la infraestructura ha sido y será financiada con fondos públicos, por lo que la verdadera agenda debería apuntar a aumentar y mejorar la inversión pública.

El plan del G20 de desarrollar una ‘clase de activo a partir de la infraestructura’ para alentar la inversión privada en los países en desarrollo es un gran error y debe ser archivado.

Tal es el mensaje de un nuevo informe publicado por la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad) de cara a la cumbre del Civil 20 (C20) de la semana que viene en Argentina (6 y 7 de agosto).

El informe detalla tres razones por las que el plan del G20 de convertir proyectos como carreteras, escuelas y hospitales en activos negociables que puedan venderse y comprarse en los mercados internacionales, en forma de acciones o participaciones, es un error.

Razón 1:

  • El G20 ignora el problema principal de cómo aumentar y mejorar la inversión pública. De acuerdo al Banco Mundial, los inversores privados solo financian entre el 15% y el 20% del total de la infraestructura. Y ese porcentaje está disminuyendo.

Razón 2:

  • Es probable que crear una clase específica de activo perjudique las arcas públicas y, en consecuencia, al contribuyente. Crear las oportunidades de alto rendimiento que los inversores exigen para los activos de riesgo posiblemente signifique altos niveles de subsidio público y la transferencia de los riesgos al sector público. Cuando los proyectos tengan problemas será el sector público el que habrá de soportar la carga de los rescates y las garantías.

Razón 3:

  • Este plan es un salto al vacío. En los últimos años la financiación privada para la infraestructura ha disminuido y es un pequeño porcentaje del total de la inversión. Peor aún, menos del uno por ciento de la inversión privada en infraestructura llega a través de los tipos de productos financieros a los que el G20 está apostando.

María José Romero, gerente de políticas y cabildeo en Eurodad y co-autora del informe, señaló: "Si el G20 piensa seriamente en un aumento de la infraestructura para el desarrollo, debe dejar de poner el financiamiento privado en primer lugar y enfocarse en mejorar y desarrollar infraestructura financiada con recursos públicos. Algo es seguro, crear una ‘clase de activo’ no es la forma de construir infraestructura en los países que más la necesitan".

El informe afirma también que las prioridades de los líderes mundiales deberían ser acabar con la evasión y elusión fiscal que a los países en desarrollo les cuesta miles de millones de dólares al año, cumplir con sus compromisos de proporcionar ayuda al desarrollo y crear un foro internacional de reestructuración de la deuda para ayudar a los países pobres que están en puros debido la creciente deuda soberana.

Para leer más, acceda al informe de Eurodad aquí. María José Romero presentará además el informe en la cumbre del C20 de Buenos Aires.


FINAL.

Contactos con los medios:

Julia Ravenscroft, Gerente de Comunicaciones de Eurodad, [email protected] o +32 2 893 0854.

Natalia Mielech: [email protected].

 

Nota para los editores:

Eurodad (la Red Europea de Deuda y Desarrollo) es una red de 47 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de 20 países europeos. La red impulsa cambios transformadores pero específicos en las políticas, las instituciones, las normas y las estructuras mundiales y europeas para garantizar un sistema financiero y económico controlado de manera democrática y sostenible desde el punto de vista medioambiental que trabaje para erradicar la pobreza y garantizar el respeto de los derechos humanos de todos.