Este blog es parte de una serie de artículos que Eurodad está produciendo en colaboración con nuestros socios globales sobre la implementación de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20 (G20 DSSI pos sus siglas en inglés). La serie complementa y actualiza el informe sobre “Las limitaciones de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20: ¿Vaciar el Titanic con un balde?” publicado en Octubre de 2020. Durante los próximos meses publicaremos una variedad de artículos que cubren temas relacionados con la implementación del DSSI y la situación de la deuda en varios países del sur global.

Ecuador está atravesando una crisis sanitaria y humanitaria como resultado del Covid-19. Imágenes de hospitales abarrotados, cadáveres en las calles y fosas comunes en el país se extendieron por todo el mundo. Estos son solo una pequeña muestra de los problemas que enfrenta Ecuador para proteger los derechos y la vida de sus ciudadanos.

Las consecuencias sociales y de salud pública de la pandemia

Ecuador, país con una población de 17 millones de habitantes, reporta un total de 180,676 casos y 13,016 muertes causadas por Covid-19 a Noviembre de 2020. Es probable que la cifra oficial subestime el impacto real de la pandemia en el país. Una comparación de la evolución de las personas fallecidas entre 2019 y 2020, muestra que el exceso de fallecidos alcanzó 38,788 en el contexto de Covid-19. Esta cifra coloca a Ecuador como el país con la tasa de exceso de fallecidos per cápita más alta del mundo.

El trágico impacto de la pandemia es el resultado directo de una respuesta lenta e insuficiente de un gobierno agobiado por la austeridad y la deuda. Las autoridades retrasaron la introducción de un confinamiento estricto hasta mediados de marzo. Las medidas se anunciaron casi tres semanas después del primer caso reportado de Covid-19 en el país. Posteriormente, a pesar del aumento de casos y muertes causadas por la pandemia, el gobierno procedió a suavizar las medidas de confinamiento a principios de mayo. La reducción de las restricciones no estuvo acompañada de ningún esfuerzo sustancial para fortalecer la capacidad del sistema de salud pública o de seguridad social.

Las consecuencias económicas y sociales de estas decisiones han sido devastadoras. El FMI proyecta que la economía del Ecuador se contraerá un 11 por ciento en 2020. Las fuentes formales de empleo están siendo diezmadas. Se espera que solo una de cada tres empresas siga siendo rentable después de la pandemia. Como resultado, más de 700.000 personas han perdido sus trabajos, mientras que 1.440.983 fueron empujadas al sector informal. Todos los avances logrados en la lucha contra la pobreza durante las dos últimas décadas están amenzados de ser revertidos por la pandemia. De cara al futuro, al menos medio millón de personas necesitarán asistencia social permanente.

Las mujeres ecuatorianas se han visto afectadas de manera desproporcionada por estas dinámicas. Las mujeres en el país trabajan menos horas por un salario menor y en peores condiciones que sus contrapartes masculinas. La pandemia ha agravado esta situación. Una encuesta realizada por la ONU en Ecuador muestra que el 45 por ciento de las mujeres han perdido su trabajo. Otro 76 por ciento vio aumentar su carga de trabajo como resultado de las tareas de cuidado y el hogar, mientras que el 56 por ciento de las mujeres se encargaban exclusivamente de las responsabilidades educativas de los niños. Las medidas de confinamiento también han tenido un impacto negativo en la violencia de género. El número de casos ha aumentado y se estima que en promedio hay un reporte de violencia de género cada cinco minutos a nivel nacional.

Una crisis de deuda en medio de una pandemia

Antes de la pandemia, el país se encontraba en una situación de crisis causada por la deuda. La deuda pública aumentó del 30,9 al 68,9 por ciento del PIB entre 2015 y 2020. Como resultado, el país asignó el 29 por ciento de los ingresos del gobierno para cubrir el servicio de la deuda 2019. Esta cifra representó 2,3 veces el presupuesto de salud pública del país, o 1,9 veces el presupuesto público de educación en ese mismo año.

Los crecientes problemas de endeudamiento obligaron al país a solicitar asistencia financiera del FMI en Marzo de 2019. El programa del FMI otorgó al país un préstamo por US $ 4,200 millones sobre la base de estrictas metas fiscales y condicionalidades. Protestas masivas hicieron que el gobierno y el FMI se retractaron de sus intenciones iniciales de recortar los subsidios a la gasolina. Sin embargo, el programa de austeridad y las reformas estructurales se implementaron durante el estado de excepción que restringió la movilidad por casi siete meses . Como parte de este programa, se esperaba que el país implementará recortes de gastos por un valor del 5 por ciento del PIB entre 2019 y 2022. Las medidas de austeridad incluidas en el programa debilitaron sistemáticamente al sistema de salud pública. El presupuesto de salud pública disminuyó de US$ 353 a 110 millones entre 2017 y 2019. Los recortes provocaron el despido de personal de salud y una disminución en la disponibilidad de suministros médicos, lo que dejó al país indefenso para hacer frente a la pandemia.

Una vez que la pandemia azotó el país, el programa inicial del FMI tuvo que ser cancelado como resultado de la protesta social, discrepancias estadísticas y el incumplimiento de los objetivos de ajuste fiscal. En este contexto, Ecuador solicitó un aplazamiento de 6 meses de los pagos de intereses a sus acreedores privados en Abril de 2020. Esta medida desembocó en un proceso de reestructuración de deuda que se completó el 1 de Septiembre de 2020. Ecuador canjeó bonos por un valor de US$ 17,400 millones con una participación del 98,5 por ciento de los bonistas. El FMI respaldó explícitamente el resultado de las negociaciones con un nuevo programa que proporciona al país US$ 6,500 millones en financiamiento adicional.

El éxito del programa de reestructuración de la deuda y del FMI se basa en la capacidad del país para cumplir con medidas de austeridad por un valor del 5,8 por ciento del PIB durante los próximos tres años. Esta cifra es ocho veces mayor que los recursos que el país pudo movilizar para proteger la vida de sus ciudadanos en 2020. Es cuestionable que el Ecuador pueda y quiera hacer frente a recortes de esta magnitud a medida que aumentan los fallecidos y las tensiones sociales y políticas en el país. La posibilidad de un nuevo default a mediano plazo no es despreciable.

Un llamado de ayuda a la comunidad internacional desde la sociedad civil ecuatoriana

Desde el inicio de la pandemia, la sociedad civil ecuatoriana se ha mantenido activa exigiendo una respuesta contundente de las autoridades de Ecuador para proteger a sus ciudadanos de la doble amenaza de la austeridad y la pandemia. A principios de este año, el CDES lanzó una campaña exigiendo que se revirtieran las medidas de austeridad en el ámbito de la salud pública. Solicitamos la asignación de recursos para contener los riesgos de la pandemia, incluida la formulación de políticas de protección del ingreso laboral y medidas especiales de protección para grupos vulnerables.

Además, el CDES ha acogido las recomendaciones de organismos como la CEPAL y los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Deuda Externa. El CDES ha solicitado que el manejo de la deuda externa por parte del Gobierno Nacional no sacrifique recursos que deberían destinarse para contener la pandemia. Dado el carácter excepcional de la situación, debe contemplarse la suspensión de los pagos de la deuda externa. Esta línea de acción incluyó la presentación de un recurso constitucional ante la Corte Constitucional ecuatoriana, en conjunto con otros actores de la sociedad civil.

Sin embargo, no podemos hacer esto solos. Como está sucediendo en otros países del mundo, como Kenia y Filipinas, el pueblo de Ecuador necesita solidaridad internacional para enfrentar el impacto de la crisis social, sanitaria y económica que atravesamos. Medidas del G20 como el DSSI y el “Common Framework” abandonan a países como Ecuador a su suerte. Más que nada, necesitamos que nuestra voz sea escuchada en los foros internacionales y que se reconozcan nuestras necesidades en el diseño de respuestas políticas a la crisis. Sólo a través de soluciones multilaterales, como la implementación de un mecanismo de renegociación de la deuda bajo los auspicios de la ONU, podemos esperar evitar una nueva década perdida.

Pablo José Iturralde es director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES). Este blog se produjo en colaboración con Eurodad.