Covid-19, deuda pública y sistemas de salud en el sur global

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El costo humano y económico de la crisis causada por COVID-19 es un claro recordatorio de la fragilidad de nuestra sociedad globalizada.

La capacidad de los países para contener la pandemia se define por su capacidad para proporcionar protección efectiva a los más vulnerables. Hasta ahora, cerca del 80 por ciento de los casos confirmados de COVID-19 han sido reportados en Estados Unidos, la Unión Europea y China. La mayoría de estos países tienen sistemas avanzados de atención médica con los recursos necesarios para enfrentar los desafíos que plantea la pandemia. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de la gran mayoría de los países del sur global. Según la OMS, estos países cuentan con sistemas de salud pública vulnerables que carecen de los requisitos básicos en términos de capacidad y competencia para realizar intervenciones médicas efectivas en el contexto de una pandemia.

El peso de la deuda pública y los bajos niveles de gasto en servicios de salud proporcionan el contexto para comprender las vulnerabilidades de los países del sur global ante la pandemia de COVID-19. El aumento de los niveles de deuda limita la capacidad de estos países para proporcionar servicios públicos diseñados para garantizar los derechos humanos de sus poblaciones. Si bien otros factores influyen en los patrones de gasto, altos niveles de gasto en servicio de la deuda se traducen en menores recursos disponibles para los servicios de salud pública. 

El análisis de la relación entre la deuda y los servicios de salud en 69 economías de bajos ingresos (EBI)1 presenta una imagen alarmante:

  • La deuda tiene prioridad sobre los servicios de salud pública: 46 EBI gastan más recursos en el servicio de la deuda pública que en sus sistemas de salud como porcentaje del PIB en 2018 (Figura 1). Los países en este grupo gastaron en promedio el 7,8 por ciento del PIB en servicio de la deuda pública y el 1,8 por ciento del PIB en servicios de salud pública (puntos de datos por encima de la línea de 45 grados). Incluso en países donde las vulnerabilidades de la deuda se consideran sostenibles, el servicio de la deuda tiene prioridad sobre otras áreas clave del gasto público.

Figura 1 – Gasto público en servicio de la deuda y salud en Economías de Bajos Ingresos (EBI) (Porcentaje del PIB – 2018)

Fuente: Eurodad (2020).

  • Bajos niveles de gasto en servicios de salud pública: Los países del sur global gastan menos en salud pública tanto en respecto a la deuda como a los requisitos mínimos de la Agenda 2030. La OMS estima que los países con sistemas salud vulnerables deben invertir al menos el 8,6 por ciento del PIB en servicios de salud pública en el 2030 para cumplir con el ODS 3. A una década de este objetivo, 59 EBI están gastando actualmente menos de la mitad de esta cantidad (Figura 1 - los puntos de datos a la izquierda del índice de referencia de los ODS). Ningún país que gasta más recursos en el servicio de la deuda pública que en salud pública cumple con este umbral de gasto básico para el ODS 3.
  • El aumento de la carga de la deuda se traduce en un menor gasto público en salud: Las EBI gastaron en promedio el 28,5 por ciento de sus ingresos fiscales en el servicio de la deuda y el 2,5 por ciento del PIB en servicios de atención de la salud (Figura 2). Para el cuartil mas alto de la distribución, en términos de la relacion entre el servicio de la deuda e ingresos fiscales, el servicio de la deuda representa el 68,9 por ciento de los ingresos públicos, mientras que los gastos en atención de la salud disminuyen al 1,8 por ciento del PIB.

Figura 2 – Impacto del servicio de la deuda pública en el gasto público en salud en EBI (2018)

 

Fuente: Eurodad (2020).

  • Menor gasto en salud pública debilita la respuesta de capacidad ante COVID-19:un mayor gasto en servicio de la deuda y menor gasto en salud pública se traduce en una menor disponibilidad de profesionales de la salud (Figura 3). La OMS estima una proporción de 2.28 trabajadores de la salud por cada 1000 habitantes para clasificar la capacidad de un sistema de atención médica. Se considera que los países por debajo de esta proporción tienen un sistema de salud pobre o vulnerable. Se estima que 58 EBI están por debajo de este umbral. En 42 países, las limitaciones en términos de capacidad se combinan con problemas de desempeño de los servicios de salud (Figura 4). En estos casos, incluso si dichos países recibieran recursos adicionales de emergencia, su capacidad para ampliar a escala los servicios de atención médica seria limitada.

Figura 3 – Impacto del servicio de la deuda pública en la capacidad de servicios públicos de salud en EBI (2018)

Fuente: Eurodad (2020).

Figura 4 – Limitaciones de capacidad y competencias en servicios públicos de salud en EBI (2018)

Fuente: Eurodad (2020).

  • Las limitaciones de los sistemas de salud colocan a las mujeres en una situación de alta vulnerabilidad:  Si bien la evidencia sugiere que los hombres tienen una tasa de mortalidad más alta que las mujeres a COVID-19, son las mujeres quienes toman la carga adicional de las tareas de cuidado que los servicios públicos abrumados y con pocos recursos son incapaces de proporcionar. La carga de trabajo no remunerado de las mujeres aumenta al estar cargo del cuidado de personas enfermas y vulnerables, como ancianos y niños. Esto solo incrementa los impactos de género de los recortes de gasto en servicios públicos que se han implementado para darle prioridad al servicio de la deuda. Este contexto coloca a las mujeres en la primera línea de la lucha contra la pandemia.

Ante esta situación, se requieren adoptar medidas de emergencia que pongan las vidas de los mas vulnerables por encima de la deuda. Eurodad junto a otras organizaciones de la sociedad civil abogan por una cancelación inmediata del servicio de la deuda publica en el 2020 y la provisión de ayuda financiera de emergencia en la forma de transferencias para hacer frente a la crisis de COVID-19. 

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1 Las EBI incluyen 59 países elegibles para financiamiento concesional de organismos multilaterales, 13 estados pequeños de altos ingresos y cuatro países que se han graduado de la elegibilidad de concesionalidad desde 2010. Para obtener una lista completa de países incluidos en el análisis, consulte el anexo metodológico.